Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris PSOE. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris PSOE. Mostrar tots els missatges

4 de maig 2017

El magatzem Castor: la història d'un fiasco multimilionari

El Castor costa als ciutadans 1.350 milions d'euros, que ja es paguen amb el rebut del gas


El fallit i polèmic magatzem de gas Castor es troba en hibernació (temporalment aturat) des del 2015. Però el Castor va deixar d'emmagatzemar gas abans, el 2013, quan es van detectar els primers moviments sísmics a la costa de l'Ebre i el Maestrat.

El projecte va arribar a causar més de 500 terratrèmols, una crisi sísmica amb sacsejades de fins a 4,3 graus a l'escala de Richter, que va tenir lloc durant la fase d'injecció de gas matalàs al magatzem. Entre el setembre i l'octubre de 2013, van atemorir -tot i la seva baixa intesitat- els habitants del delta de l'Ebre.

Els primers estudis van confirmar el que tothom sospitava: la injecció de gas al magatzem submarí de davant la costa de Vinaròs havia despertat una falla submarina i va provocar les tremolors. Ara, un informe internacional ho ha confirma. És per això que el govern espanyol no desmantellarà el magatzem, de moment, per l'"elevat risc" de nous terratrèmols.

Els costos del Castor


Per un acord signat en el seu moment entre el govern Zapatero i ACS, propietària majoritària d'Euscal UGS (promotora del magatzem), l'aturada de l'activitat del Castor ens costa a tots els ciutadans 1.350 milions d'euros.  El govern del PP va aprovar l'octubre del 2014 que aquests diners es retornarien en 30 anys amb el rebut del gas.


A les factures dels consumidors d'aquest 2017 s'hi inclouran 96,3 milions d'euros, la mateixa xifra que el 2016: 15,8 milions d'euros per mantenir-lo aturat i 80,6 per sufragar la indemnització a la promotora.

El cost de manteniment és gairebé el mateix que el del magatzem de gas submarí Gaviota, al País Basc, l'únic en funcionament a l'estat espanyol. 

El procés d'hibernació de les instal·lacions ja havia costat 17 milions d'euros públics.

Font: 324.Cat 03.05.2017

Noticies relacionades 
-.-

25 de febr. 2015

Los 17 expolíticos colocados en las eléctricas y gasistas del Ibex cobraron 3,16 millones en 2014

Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, REE y Enagás tenían el año pasado a once ex altos cargos del PP, cinco del PSOE y uno de CiU en sus consejos de administración.

Los que más cobraron fueron el presidente de REE y el consejero delegado de Enagás, los únicos con funciones ejecutivas: 746.000 euros y 552.000 euros, respectivamente.

Entre los no ejecutivos, las retribuciones oscilan entre los 70.000 y los 299.000 euros brutos anuales.

El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, en una rueda de prensa. / Efe

Antonio M. Vélez / ElDiario.es 25/02/2015 

Los 17 expolíticos que el año pasado se sentaban en los consejos de administración de las compañías de los sectores eléctrico y gasista que cotizan en el Ibex 35, principal índice bursátil español, se repartieron en 2014 un total de 3.163.000 euros brutos, de acuerdo con los datos remitidos en los últimos días por las empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En 2014, las puertas giratorias (el polémico paso de políticos al sector privado), que tienen al sector energético como uno de sus destinos predilectos (eléctricas, gasistas y petroleras dan cobijo a un tercio del medio centenar de ex altos cargos a sueldo en consejos del Ibex), funcionaron con brío. El año pasado se incorporaron seis nuevos consejeros con pedigrí en la cosa pública, todos ellos vinculados al Partido Popular y algunos con nula experiencia previa en el sector privado, a dos empresas del sector, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás. Ambas se encargan de la operación del sistema eléctrico y gasista, respectivamente, y su principal accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por empresas, la compañía que más expolíticos tuvo en su consejo de administración es Enagás, con nada menos que ocho (siete del PP y uno del PSOE), seguida de REE, que el año pasado tuvo cuatro (dos por cada uno de los grandes partidos), Iberdrola y Gas Natural (uno del PSOE y otro del PP cada uno de ellas) y Endesa (uno de CiU).

Los mejores sueldos, como es natural, corresponden a los dos únicos que tienen funciones ejecutivas: el presidente de REE, José Folgado, y el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja. Y entre los no ejecutivos (y teniendo en cuenta solo a los que estuvieron todo el año en el puesto), los emolumentos oscilan entre los 70.000 y los 299.000 euros brutos anuales, a una media de 189.666 euros por cabeza.

El cómputo no tiene en cuenta a altos directivos o asesores (como José María Aznar en Endesa) ni a consejeros de filiales, como el marido de María Dolores de Cospedal (colocado en las subsidiarias de Ingeniería e Inmobiliaria de Iberdrola), dado que su retribución no es pública. Tampoco a personas muy cercanas a políticos en activo, como el empresario hotelero Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que es consejero de Gas Natural.

De mayor a menor sueldo, el listado es el siguiente:

José Folgado (REE): 746.000 euros. El exvicepresidente de CEOE y ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar, presidente ejecutivo de REE, aumentó su retribución un 2,7% en un ejercicio en el que los resultados de la compañía crecieron un 35,7% por el impacto de los extraordinarios. Folgado, presidente desde 2012, cuando sucedió en el cargo al exministro socialista Luis Atienza, forzó el año pasado un cambio en los estatutos de la empresa para poder seguir al frente una vez rebasados los 70 años. Su mandato acaba en abril del próximo año.

Marcelino Oreja (Enagás): 552.000 euros. El año pasado, el beneficio de Enagás se estancó pero su consejero delegado, el exeurodiputado del PP e hijo del excomisario europeo y exministro popular Marcelino Oreja, aumentó su retribución un 30,4%. El incremento "se debe a ser el primer ejercicio desde su incorporación en el que ha percibido la retribución variable correspondiente a un año completo". Oreja fue nombrado número dos de Enagás nueve meses después de la llegada de Mariano Rajoy al poder y tiene encomendada la expansión internacional de la compañía.

Ángel Acebes (Iberdrola): 299.000 euros. El último ministro de Interior de Aznar, que ya se ha embolsado más de un millón de euros como vocal de Iberdrola desde su nombramiento en 2012, es el mejor pagado de entre los expolíticos a sueldo del sector que no tienen funciones ejecutivas, a pesar de que su retribución cayó el año pasado un 5,6%. Doblemente imputado por el caso Bankia y los papeles de Bárcenas, Iberdrola prevé renovarle como consejero hasta 2019.

Braulio Medel (Iberdrola): 273.000 euros. El presidente de Unicaja, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE, es, como Acebes, consejero independiente de Iberdrola, en cuyo máximo órgano de gestión cumplirá diez años en 2016. Y, como Acebes, también está imputado desde el año pasado, en este caso, por el caso de los ERE en Andalucía.

Miquel Roca (Endesa): 245.000 euros. El exdiputado convergente, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin' es uno de los expolíticos mejor conectados con el Ibex 35. Además de consejero independiente de Endesa (que el año pasado le pagó un 21% menos), es vocal de ACS y secretario (no consejero) de los consejos de Administración de Abertis y Banco Sabadell. Sigue vinculado al bufete que fundó en 1996, Roca Junyent, uno de los más prestigiosos de España, y que en 2014 volvió a asesorar a la eléctrica por unos honorarios que la empresa no especifica pero “no son significativos”, según la compañía.

Nemesio Fernández Cuesta (Gas Natural): 196.000 euros. Uno de los pocos que lleva más años en el sector privado que en el público, su salto a la política llegó en mayo de 1996, cuando fue nombrado secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en el Ministerio de Industria y Energía. Volvió a Repsol (la compañía de la que procedía) en 2003 y fue escalando posiciones hasta convertirse en su número dos, aunque el año pasado fue sustituido en ese rol por otro expolítico, el peneuvista Josu Jon Imaz. Consejero de Gas Natural en representación de la petrolera, su retribución en esa compañía aumentó el año pasado un 54,3%, aunque el grueso de sus emolumentos viene de Repsol, donde actualmente es director del área Comercial, Química y Gas & Power de Repsol y miembro del Comité de Dirección.

Ángeles Amador (REE): 175.000 euros. Exministra de Sanidad con Felipe González, lleva en el Consejo de Administración de REE, tradicional refugio de expolíticos, desde mayo de 2005 y es la única representante socialista que queda, después de dar su apoyo el año pasado a que Folgado alargara su mandato. Su retribución se mantuvo sin cambios en 2014.

Felipe González (Gas Natural-Fenosa): 127.000 euros. El expresidente del Gobierno mantuvo su retribución en la gasista el año pasado, en vísperas de su previsible salida, que en principio debería haberse producido en la última junta de accionistas. González dijo hace un año que dejaría el consejo de la segunda eléctrica española porque es "muy aburrido", pero se quedó un año más. Desde su nombramiento en 2010, se ha embolsado más de 600.000 euros como vocal de la multinacional.

Ramón Pérez Simarro (Enagás): 76.000 euros. Ex secretario de Estado de Energía con el PSOE, es el último reducto de los socialistas en el consejo de Enagás. O el penúltimo, si se tiene en cuenta la cercanía que en su momento tuvo el presidente ejecutivo de la compañía, Antoni Llardén, con el PSC. Pérez Simarro cumplió el año pasado diez años como consejero de Enagás.

Santiago Lanzuela (REE): 61.000 euros. El último en llegar. Fue diputado del PP hasta su renuncia, en julio pasado, para desembarcar en REE, a cuyo consejo se incorporó el pasado 29 de julio en representación de la SEPI. El que fuera presidente aragonés entre 1995 y 1999, diputado por Teruel desde 2000, se despidió del Congreso "emocionado" y tras lograr cosas que creía "difíciles", como hacer "un montón de amigos en distintos partidos".

Rosa Rodríguez Díaz (Enagás): 70.000 euros. Ex viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias y ex vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria, abandonó su puesto en el Ejecutivo insular en marzo de 2013 para irse directa a Enagás. Su nombramiento como consejera independiente se atribuyó a la larga mano de José Manuel Soria, con el que coincidió durante la etapa del actual ministro de Industria en el Gobierno de las islas.

Antonio Hernández Mancha (Enagás): 60.000 euros. El antecesor de José María Aznar en la presidencia de la extinta Alianza Popular, abogado y lobbista, se incorporó al consejo de Enagás en marzo del año pasado, en una maniobra del PP para colocar nada menos que a cuatro consejeros afines, en el año en el que Enagás se convirtió en pieza clave para ejecutar el rescate del fallido almacén de gas Castor, de cuya hibernación se encarga y cuya indemnización al promotor, ACS, costearán los consumidores durante los próximos 30 años. Hernández Mancha, exsenador y exdiputado del parlamento andaluz, se descolgó en noviembre pasado con unas sorprendentes declaraciones a favor de Podemos, con los que dijo simpatizar. 

Ana Palacio (Enagás): 60.000 euros. La última ministra de Exteriores de José María Aznar también se incorporó a Enagás en marzo pasado, tras dimitir como consejera independiente de otra empresa del sector, Hidrocantábrico (filial de la portuguesa EDP). Anteriormente fue vicepresidenta del gigante nuclear francés Areva.

Isabel Tocino (Enagás): 60.000 euros. La exministra de Medio Ambiente, también consejera de Enagás desde marzo, compatibiliza ese puesto con su presencia en el Consejo de Administración del Santander, que el año pasado le pagó 484.000 euros por sus servicios. El banco cántabro lideró el pool de entidades que permitió a ACS cobrar su indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén Castor.

Gonzalo Solana (Enagás): 57.000 euros. Otro agraciado por la tacada de colocaciones ejecutada por la SEPI en la empresa gasista en marzo pasado, Solana fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, durante el Gobierno de Aznar (fue nombrado en el año 2000) y hasta 2005.

Miguel Boyer (REE): 53.000 euros. El exministro socialista abandonó el consejo de REE, en el que se sentaba desde 2010, en marzo de 2014, tras concluir su mandato de cuatro años. Por esos tres meses, cobró 53.000 euros, frente a los 147.000 de todo el ejercicio 2013. Boyer falleció en septiembre pasado a los 75 años.

Luis Valero (Enagás): 53.000 euros. Otro que fue directo del despacho gubernamental al sector privado. Primer secretario general de Industria con José Manuel Soria, cesó de ese cargo en febrero del año pasado, dos meses antes de anunciarse su incorporación a Enagás. Antes de su llegada al Gobierno de Mariano Rajoy fue, durante 15 años, director general de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac. En sus últimos meses en Industria, se podía oír contar a Valero anécdotas en privado sobre "nosotros". No se refería al Gobierno, sino al sector automovilístico, al que Soria se ha ocupado de mimar durante toda la legislatura.

El 'chollo' de Abengoa y sus pagos a la consultora de Montoro

Este cómputo no tiene en cuenta a tres empresas del sector renovable, Abengoa, Gamesa y Acciona, que también tienen a ex altos cargos en sus consejos. La única que ha publicado los datos de 2014 es Abengoa, una de las empresas del Ibex que mejor retribuye a su consejo de administración.

El grupo sevillano de ingeniería y energías renovables pagó el año pasado 300.000 euros a su consejero Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, exvicepresidente del Gobierno y exministro con el PSOE. Borrell, además de vocal de Abengoa, es vicepresidente de su consejo asesor internacional de Abengoa. En este último caso, no se conoce su retribución. 

La compañía andaluza abonó otros 130.000 euros a su consejero Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con el PP y hermano del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Felipe Martínez Rico. Además, la consultora que preside Martínez Rico, Equipo Económico (fundada por el propio Cristóbal Montoro), facturó a Abengoa 355.000 euros por "servicios de consultoría integral y estratégica".

-.-

3 de des. 2014

Jordi Marsal: 'Del Castor no interessa que se'n parli perquè les implicacions abasten destacats prohoms de l’oligarquia estatal i també catalana'

Parlem amb l'autor de 'Castor:la bombolla sísmica' sobre els escàndols que amaga aquest gran projecte gasista


Font: Racó Català

El 2013, una onada de moviments sísmics va sacsejar les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat. Van sonar totes les alarmes i el projecte Castor es va catapultar a les portades dels mitjans. I tot per un magatzem submarí de gas instal·lat vint-i-dos quilòmetres mar endins, davant de Vinaròs i Alcanar, gestat amb 'estiuenca nocturnitat' i sense els informes sísmics exigibles, al costat mateix d’una falla de dimensions considerables. Les advertències insistents van ser obviades i els promotors van tirar pel dret, ocultant el fracàs de les proves d’injecció. El projecte es va aturar però no només no s'han depurat responsabilitat sinó que l’entramat d’empreses que hi ha darrera —l’ACS de Florentino Pérez al capdavant— acaben de cobrar una sucosa indemnització de 1.350 milions d'euros per part del govern espanyol, factura que pagaran els contribuents els propers 30 anys.

El periodista ebrenc Jordi Marsal és l'autor de Castor: la bombolla sísmica, el llibre que han publicat el Grup de Periodistes Ramon Barnils i Edicions Saldonar i que posa llum a tots els detalls del projecte gasista que s'han intentat amagar. Parlem amb ell sobre les últimes notícies de Castor i sobre l'incert futur que es dibuixa.

1- Per què s'han pagat tan ràpid els 1.350 milions d'euros a Esgal UGS?

Podríem dir que forma part d’un altre capítol del compendi de despropòsits desplegats pel govern espanyol per intentar tancar en fals el nyap del projecte Castor. Des d’un punt de vista social, el missatge que Madrid envia a la ciutadania és demolidor: en un escenari de constant desmembrament a destralades del pírric estat del benestar, de la inhumana voracitat de la plutocràcia financera i corporativa que realment ens governa, serveixen en safata de plata a l’oligarquia estatal una compensació multimilionària per un projecte que ja resultava inviable des de bon principi i en el qual es van concatenar negligències, omissions administratives i arbitrarietats político-econòmiques a dojo.

Quan Escal UGS, la promotora del Castor –propietat en dos terceres parts de l’ACS de Florentino Pérez-, va decidir renunciar a la concessió el juliol, ho va fer amb la seguretat que s’embutxacaria ràpidament la indemnització. Així ho van veure el mateix Banc Europeu d’Inversions (BEI) i les mateixes agències de qualificació creditícia. De fet, quan al 2013 es va signar l’acord de finançament de 1.400 milions d’euros amb l’emissió de bons del BEI, existia una condició clau: si el magatzem no obtenia els permisos del govern espanyol i no es posava en marxa, aquest 30 de novembre de 2014 Escal havia de començar a retornar als inversors tot el préstec. El primer Project Bond que atorga el BEI acaba convertit en un fiasco absolut i, novament, el govern de Madrid prioritza salvaguardar la seva imatge davant la Unió Europea i els inversors privats, abans que defensar els interessos generals.

2- L'empresa de Florentino Pérez ja va cobrar 110 milions d'euros el 2012 de les retribucions que cada any el govern espanyol paga pel sistema gasista de l'any posterior. La indemnització neta abonada, doncs, ja supera el 1.640 milions d'euros. És una quantitat definitiva, o podria ampliar-se?

Efectivament, el govern espanyol va autoritzar el pagament de 110 milions d’euros a Escal UGS en concepte de retribució provisional pel Castor i, al 2012, va tancar momentàniament l’aixeta. De fet, els 1.350 milions d’euros famosos que aprova el consell de ministres el 3 d’octubre surten de restar aquesta xifra dels 1.460 milions que el Ministeri Indústria li reconeix en concepte de retorn de la inversió. Tot emana del famós decret de concessió del maig del 2008, aprovat pel govern del PSOE: fes el que fes l’empresa, recuperaria la inversió. Si les instal·lacions es trobaven operatives, rebria el valor net dels diners destinats. Si es produïa negligència o dol per part de l’empresa, només el valor residual –que descompta les amortitzacions-.  Atès que no s’ha començat a amortitzar, totes dues xifres coincideixen. Finalment, sense haver-se posat en marxa, predestinada a no fer-ho mai, i després d’haver atemorit milers de persones, Florentino Pérez rep íntegrament aquesta milionada. Però és que la broma encara ens resultarà molt més pesada. L’OCU i l’Observatori del Deute en la Globalització calculen que la xifra, afegint els interessos d’una operació financera a 30 anys –on, recordem, tornaran a treure tallada també tres bancs estatals, algun del qual ha estat objecte d’un dolorós rescat, i que han acompanyat tradicionalment les aventures empresarials de l’empresari madrileny: Caixabank, Banc de Santander i Bankia-, es pot acabar disparant fins els 4.700 milions d’euros. Aquí caldria sumar-hi els 162 milions d’euros que Enagás va pagar pel gas, matalàs que en el moment d’injectar-se va causar els terratrèmols, el cost de mantenir-la oberta però aturada des de fa un any, els 100 milions d’euros que pot costar el manteniment de la “hibernació” o els 300 milions d’un més que previsible desmantellament. La factura econòmica que haurem de pagar per tot plegat és desorbitadament grotesca, indecent, per un projecte que l’any 2005 havia de costar poc més de 500 milions d’euros i que, segons l'empresa i el govern socialista, resultava més barat que instal·lar catorze dipòsits de gas liquat amb la mateixa capacitat i una regasificadora: al voltant de 1.650 milions.

3- El Govern català ja ha dit que recorrerà el pagament. Servirà d'alguna cosa?

No només el Govern català. El Síndic de Greuges i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, juntament amb altres entitats, es mouen a Madrid per aconseguir el suport de 50 diputats o senadors per presentar recurs d’inconstitucionalitat. Fins i tot el PSOE, que des del govern espanyol va impulsar el projecte i el va blindar econòmicament (va aprovar la famosa concessió que garantia el retorn de la inversió malgrat existís dol o negligència, un atac en tota regla als interessos generals i un espoli sense precedents de les arques públiques) ha dit que també hi recorrerà, portant la hipocresia política més enllà dels límits del paroxisme. Si tenim en compte el grau d’arbitrarietat i politització que campa pel Constitucional, sembla difícil preveure una marxa enrere forçada. Cal recordar també que, des de fa un any, la Fiscalia de Castelló investiga el cas i, teòricament, està a punt de presentar el seu informe i decidir si demana que s’obrin diligències judicials. De moment, però, sense notícies. No hi ha pressa en aquest cas, vaja. Malgrat tot, crec que és absolutament necessari esgotar totes les vies legals, tant a l’Estat espanyol com a la Unió Europea perquè es tracta d’una decisió totalment arbitrària, injustificada  i fora de lloc, que atempta no només contra les nostres butxaques sinó que posa de manifest la perversió inherent en l’ordre polític i econòmic establert. Tot plegat és un exponent, un paradigma gravíssim del càncer terminal del capitalisme i la seva perversa i gairebé indestructible aliança amb unes institucions que es fan dir democràtiques.

4- Què passarà amb Castor a partir d'ara?

Malgrat l’eufemística ”hibernació” i l’aparent indecisió del govern espanyol a l’hora de pronunciar-se sobre el seu futur a mig termini, sembla força evident que l’únic camí possible per a les instal·lacions del projecte Castor és el seu desmantellament, la restitució de l’entorn al seu estat anterior i, molt important, la compensació a les persones i entitats del territori que han hagut de patir no només els terratrèmols sinó tots els excessos i barrabassades quan se’ls va imposar un projecte del tot inviable per la via administrativa i també judicial. Si bé és cert que Florentino Pérez ha colonitzat el consell d’administració d’Enagás amb personatges del PP assidus a la llotja del Bernabéu, mantenir aturat aquest monstre al mig del mar té un cost econòmic i també els seus riscos. És evident que el Castor, com molts altres projectes impossibles que ha parit aquest Estat espanyol, acabarà convertit en un munt de ferralla inútil. No és una història nova, ni molt menys: la central nuclear de Lemóniz, a Euskadi, que després de construir-se no va entrar mai en funcionament i encara la paguem al rebut de la llum. Exemples, actualment, en tenim un bon grapat: hem vist autopistes sense cotxes, trens d’alta velocitat sense passatgers i aeroports sense avions. I aquí ve el quid de la qüestió: el gran negoci era posar en marxa un magatzem submarí de gas sense criteris tècnics i econòmics que avalessin el projecte o bé els beneficis darrere de la faraònica construcció, en la qual van ser subcontractades nombroses empreses del conglomerat ACS? Crec que tot plegat resulta força revelador.

5- Creus que s'assumiran responsabilitats? Qui les hauria d'assumir?

Aquesta és, en la meva opinió, una de les qüestions essencials. Tots els governs espanyols des de mitjans dels anys 90 sense excepció, començant per la l’època d’Aznar, passant pels executius de Zapataro i els més recents de Rajoy han actuat de forma absolutament irresponsable al respecte. Resulta lamentable veure ara com aquests dos grans partits espanyols es tiren els plats pel cap a compte del Castor. És cert que l’empresa va actuar de forma totalment irresponsable: desoint les advertències científiques, operant sense tenir en compte aspectes tècnics bàsics i fent gala d’una incapacitat total ja no només a l’hora de posar-lo en marxa, sinó també en el moment d’avaluar els riscos d'una infraestructura d’aquesta envergadura. Van optar pel negoci fabulós que garantia el blindatge des de l’Estat amb recursos de tots. Malgrat això, crec que, en aquest cas, la principal responsabilitat del nyap és, sens dubte, dels successius governs espanyols del PP i del PSOE. Va ser l’ínclit Rodrigo Rato qui va impulsar el Castor com a infraestructura estratègica del sistema gasista en un moment econòmic de bogeria especulativa a cavall de la bombolla immobiliària. Els socialistes, amb José Montilla i Joan Clos com a ministres d’Indústria, van endegar de forma definitiva el projecte i li van posar totes les facilitats del món: fins al punt que van garantir el retorn de la inversió passés els que passés, l’any 2008, un any i mig abans que s’acabés aprovant l’estudi d’impacte ambiental que havia de certificar, sobre el paper, la seva viabilitat. Ningú va controlar realment què feia l’empresa ni si Escal UGS i ACS eren prou competents per planificar i executar el projecte. Malgrat superar 42 permisos i tràmits: ningú va demanar-los un estudi de risc sísmic –que els experts recomanen totalment però que, en aquell moment, la legislació espanyola no exigia-. L’executiu de Rajoy ha clavat l’últim clau al taüt: permetent la posada en marxa, la matussera injecció de gas al subsòl –es va multiplicar sobtadament el cabal de gas en contra del que aconsellen els protocols de seguretat habituals a la indústria- que va provocar més de 1.000 terratrèmols. Fins i tot va permetre que Enagás financés aquest gas i va canviar les regles del joc ampliant el termini perquè Florentino Pérez podés retornar la concessió, amb la garantia de recuperar la inversió, dels cinc anys inicials a 25. I així hem arribat al final de la crònica d’una mort anunciada: l’empresa se’n desentén i passa per caixa. Un desenllaç, lamentablement, cantat, però que no oculta un aspecte molt preocupant: més enllà de la ignominiosa indemnització, el decret del  govern de Rajoy sembla concebut com un intent de dissipar, d’esvair les responsabilitats existents, per part de l’administració i per part de l’empresa concessionària, tancant en fals aquest catastròfic episodi, justificant la injustificable socialització d’un deute privat generat a partir d’un nyap descomunal. Diu que continuen esperant informes dels Estats Units però continuen aplicant una peculiar “omertà” entre els tècnics i científics que han participat en el projecte. L’apagada informativa és total i absoluta, els experts independents no poden accedir a les dades: la transparència mínimament exigible a un govern que es vol anomenar democràtic és del tot inexistent. Potser el problema és que si, finalment, decideixen exigir les responsabilitats que té l’empresa en tot l’afer –el Tribunal Suprem va reconèixer la indemnització però no tancava la porta a retre comptes- aquesta podria acabar girant la truita i posar en evidència el pèssim paper de l’Estat i els 42 permisos que no van servir de res.

6- Segons el teu criteri, quines són les tres errades principals que van fer fallar el projecte?

En primer lloc, aquest era el perfecte exemple d’un projecte que mai havia hagut de plantejar-se, més enllà de la teòrica justificació per les suposades mancances del sistema gasista estatal a l’hora de disposar de reserves suficients d’hidrocarburs. La patacada brutal de la crisi ha acabat ridiculitzant i destrossant absolutament aquestes previsions i, per tant, allò que era tant necessari per garantir l’abastament de la indústria i de les centrals tèrmiques de cicle combinat que havien d’exercir de suport del parc d’energies renovables –una paradoxa més del model energètic insostenible que estem patint-. Però, potser el més important de tot plegat, és que la idea d’aprofitar el jaciment petrolífer d'Amposta que havia explotat Shell fins a finals dels anys 80 era una idea, des del punt de vista tècnic i de la seguretat, que no se sostenia. L’empresa sabia que la multinacional holandesa va intentar injectar gas per extreure el petroli que quedava a l’estructura geològica sense èxit. També que Repsol, a pocs quilòmetres del Castor, a la plataforma Casablanca –el jaciment, en termes geològics, més similar al d’Amposta-, va posar en marxa un projecte, curiosament anomenat també Castor (Capture and Storage) per entaforar al subsòl els gasos del seu complex industrial de Tarragona i que va acabar descartant. En diverses compareixences públiques, els responsables d’Escal UGS han demostrat tenir un coneixement molt limitat de la geologia del jaciment. Ho posa de manifest al llibre el geòleg i professor de la UB Josep Giner: molt probablement, tal i com ja va calcular Shell als ja anys 70, el karst on van començar a injectar el gas no tenia, ni molt menys, la porositat que ells havien previst. Però l’empresa, com va plasmar en diversos documents oficials del projecte i al mateix estudi d’impacte ambiental, veia al subsòl una gran cavitat oberta, on el gas, l’aigua i el petroli que hi quedaven circularien sense impediments, sense transferir tensions a les roques i a les falles pròximes. Aquest podria ser l’origen dels problemes: el dia 5 de setembre de 2013 l’empresa de Florentino Pérez va multiplicar el cabal de la injecció de gas sobtadament en prop d’un 150%. El magatzem era viable en la mesura que es podia emplenar i buidar àgilment. El Ministeri d’Indústria, que alguna cosa devia olorar, els havia imposat efectuar una prova de càrrega amb la qual van posar la injecció al màxim cabal previst. I a partir d’aquell dia no només van començar els terratrèmols sinó que els increments més grans de cabal es corresponen, dins de la mateixa seqüència temporal però diferida –setmanes després-, amb els terratrèmols de major intensitat. El pitjor de tot és que, amb posterioritat als terratrèmols, els científics de l’Institut Geològic i Miner van acabar descobrint una falla just al mig del magatzem a partir dels sondejos encarregats per la mateixa empresa, que en cap moment la va veure. I malgrat els advertiments de l’Observatori de l’Ebre en el tràmit d’impacte ambiental i de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ningú, absolutament ningú, va moure un dit per garantir una correcta gestió dels riscos, tant sísmics, ambientals com econòmics.

7- Castor: la bombolla sísmica investiga els orígens del projecte i posa noms i cognoms als implicats. El llibre destaca que ja des del principi Castor té moltes irregularitats, tant polítiques com econòmiques. Per què creus que el tema va ser silenciat?

Va ser silenciat i ho continua sent. Tant el Ministeri d’Indústria, com l’empresa, els principals actors de l’auca, continuen sense badar boca. Em van tancar la porta a mi i ho fan amb molts companys. No interessa que se’n parli massa perquè les implicacions, tant polítiques com corporatives, abasten destacats prohoms de l’oligarquia estatal i també catalana (siguin Montilla, Clos o el conseller d’ACS Miquel Roca). Era el negoci perfecte: Florentino, el grans aconseguidor de la llotja del Bernabéu –un “ésser superior” segons el van batejar anys enrere- preveia embutxacar-se 4.900 milions en 25 anys i els responsables governamentals continuaven, malgrat la tossuda realitat, venent la burra que inflar la bombolla especulativa  fins a l’infinit requeriria aquest tipus de projectes faraònics. I, com sempre, pagant tots posa vi... Però l’esclafit ha estat escandalós i ara ningú en vol ser responsable, malgrat les aclaparadores  i incontestables evidències. L’exministre d’Indústria que va signar la concessió, Miguel Sebastián, com ja em va dir al seu moment, ha posat en marxa el ventilador cap enrere: ell diu que no en sabia res del blindatge de la concessió, de la garantia del retorn de la inversió a Florentino Pérez, que li havia arribat tot fet just quan va agafar la cartera. El també exministre d’Indústria i expresident de la Generalitat, José Montilla, ha respost de forma irada en contra del seu company de partit. Ell, que va ocupar el càrrec prèviament, tampoc diu saber-ne res. Un mal acudit, tot plegat. Sempre he dit que, si alguna virtut van tenir els terratrèmols, va ser posar el focus sobre un disbarat que s’havia cuinat amb tot tipus d’estratagemes destinades a la compra de voluntats des del punt de vista social i polític. En algun moment, fins i tot, els dirigents del Govern tripartit baixaven a les Terres de l’Ebre a vendre les bondats del Castor i a alliçonar els seus quadres locals díscols sobre la necessitat de callar. Únicament la Plataforma Ciutadana en Defensa del Sénia i un empresari que es va veure directament afectat pel projecte i les seves expropiacions han plantat batalla durant set llargs anys, tots sols, sense gairebé suports –a excepció de l’Ajuntament d’Alcanar-,sovint menystinguts com uns llunàtics visionaris de la cultura del no. A Vinaròs, l’arribada del Castor es va traduir en una operació de compra massiva de voluntats i prebendes, amb promeses de quantitats ingents de recursos per a l’Ajuntament, per als pescadors només d’aquest municipi i això va tenir com a conseqüència un silenci social esfereïdor. Fins que els terratrèmols van acabar demostrant que les promeses de milions i llocs de treball no havien estat res més que una immensa cortina de fum. Això explica que molts, potser corcats per un sentiment de culpabilitat, ara no en volen parlar.

-.-

18 de nov. 2014

La Fiscalia investiga Indústria per perdonar 3.000 milions a elèctriques

Anticorrupción cita en secreto a altos cargos de Energía del PSOE por no reclamar dinero cobrado de más. La abogacía del Estado señaló el “enriquecimiento injusto”
Torres eléctricas a la altura de San Fernando de Henares (Madrid). / Uly Martin
/ Madrid  
El País 16/11/2014

La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a tomar declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en una investigación para aclarar si perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. La Fiscalía ha llamado a declarar en una investigación secreta a, como mínimo, tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energía, según fuentes conocedoras de la investigación. La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Las eléctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.

El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a ecologistas y consumidores, denunció en Anticorrupción la puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico. Un mes después amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más en los CTC.

Aunque la denuncia parecía dormir en un cajón, hace unos dos meses comenzaron a llegar citaciones a responsables de la época. Según fuentes conocedoras de la investigación, hace un mes declararon como testigos Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía, exjefe de gabinete del secretario general de Energía y ahora en PWC; José Ramón Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz. Lo hicieron ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, el mismo del caso Bankia, quien no ha querido comentar la noticia.

El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado eléctrico, el Gobierno del PP creó los CTC, un sistema de compensación a las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que les había obligado a hacer. El Ejecutivo se comprometía a abonarles una remuneración de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma, esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997 (8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo criticó mientras estuvo en la oposición.

El sistema funcionó más o menos  como estaba previsto hasta que, en 2005, con la subida del petróleo y del gas, aumentó el precio de mercado a más de 50 euros por megavatio. Eso implicó que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación.

Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre septiembre de 2006 y abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, explica que encargó el informe a la abogacía del Estado antes de pedir la devolución. "Se habían pasado de frenada y habían cobrado de más". Nieto no recuerda el cálculo exacto de cuánto estimaban que los consumidores habían pagado indebidamente, pero afirma que "era una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones". Otros cálculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones, según lo que se considere a restituir.

Nieto consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. La segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".

El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver.


El dictamen, de 26 páginas y que no se hizo público, señala que "junto con las liquidaciones anuales de las compensaciones debe existir una liquidación global y definitiva que permita determinar si las cantidades entregadas superan el máximo previsto legalmente, lo cual solo puede conocerse al final del periodo de vigencia". Añade que el plazo para reclamar esas cantidades era de cuatro años a partir de junio de 2006, cuando el decreto ley abolió los CTC. Así que Industria tenía hasta junio de 2010 para reclamar el dinero mediante una norma. Esta seguramente habría sido impugnada por las eléctricas y serían los tribunales quienes habrían dictado si el criterio de la Abogacía del Estado era válido o no.

Mes y medio después de recibir el informe de la abogacía del Estado, cambió el ministro. A Joan Clos le sustituyó Miguel Sebastián, que dice que desconoce el caso, y Pedro Marín fue nombrado secretario de Estado. Nunca se produjo la reclamación.

Marín afirma que no recuerda los detalles: "Era un tema complicado, que empezó en 1997. Hubo una discusión y se acordó que se dejara de pagar y nunca se hicieron unas cuentas consolidadas, que era muy difícil", explica desde Londres, donde trabaja. "Lo poco que recuerdo es que era extraordinariamente complejo", concluye. Marín afirma que no ha recibido citación del fiscal.

Fuentes de Industria afirman que con el cambio de Gobierno nunca se planteó reclamar ese dinero. Añaden que era un tema muy complejo y que el informe de la abogacía fue muy discutido jurídicamente, por lo que no auguran recorrido a la investigación.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) recordó en informes que no se había producido la liquidación definitiva. Según publicó Cinco Días en 2008, la CNE elevaba lo cobrado de más a 3.393 millones repartidos así: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Mientras, Elcogás cobró de menos 191 millones.

Este diario intentó ayer sin éxito obtener la versión de la patronal, Unesa. Esta tradicionalmente ha negado esos cálculos. Las eléctricas encargaron decenas de informes que justificaban que las liquidaciones eran correctas y que la cifra realmente cobrada por los CTC ha sido de solo 1.147 millones de euros, muy por debajo de lo previsto inicialmente en la ley.

Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que "Industria debió liquidar los CTC, pedir la devolución de los 3.400 millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de consumidores".

En julio de 2010, el Ejecutivo buscó fórmulas para recortar la factura eléctrica pero el derecho a reclamar los CTC ya había prescrito.

investigacion@elpais.es

Cronología de una deuda multimillonaria
  • 27 de noviembre de 1997. Con la liberalización del mercado eléctrico, el ministro de Industria, Josep Piqué, crea los Costes de Transición a la Competencia (CTC) para compensar las inversiones que el Gobierno obligó a acometer a las eléctricas mientras el sector estuvo regulado. Estos costes, que se pagaban en la factura de la luz “como costes permanentes del sistema”, tienen por objeto devolver a esas empresas 8.600 millones de euros por el valor de esas inversiones.

  • 23 de junio de 2006. El Gobierno socialista suprime los CTC al considerar que ese mecanismo se ha convertido en ineficiente “porque genera distorsiones en los precios de mercado”, “porque han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron” y también por el “alto grado de amortización de las instalaciones” cuyo coste trataban de compensar.

  • 13 de marzo de 2008. La abogacía del Estado establece en un informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía que las eléctricas cobraron de más a través de los CTC y considera ese exceso un “enriquecimiento injusto” que el Estado puede reclamar a estas empresas. El informe asegura que el Gobierno tiene de plazo hasta 2010 —cuatro años desde que entrara en vigor la ley de 2006 que los suprimió— para reclamar esas cantidades abonadas de forma indebida.

  • 25 de junio de 2010. Caduca el derecho a reclamar a las eléctricas los cobros ilegítimos, según los plazos establecidos por el informe de la abogacía del Estado. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha exigido a esas empresas los pagos indebidos.

  • 3 de julio de 2013. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia a la cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y malversación por haber permitido la prescripción de una deuda de 3.396 millones.
-.-

25 de juny 2014

Qui li pagarà els 1.600 milions del Castor a Florentino Pérez? Les 5 claus

El Grup ACS es vol desfer del magatzem de gas. Per què? Per què l'Estat hauria de tornar-los els diners de la inversió? S'hi pot oposar el govern del PP? Les respostes a les preguntes d'un negoci ruïnós

La plataforma marina del magatzem de gas Castor

Albert Solé / Ara.Cat 25/06/2014 

1.-Per què Florentino Pérez (ACS) es vol desfer ara del magatzem de gas Castor?

Davant la demora del ministeri d'Indústria per emetre un veredicte sobre la viabilitat del magatzem de gas després dels terratrèmols, l'empresa Escal UGS ha decidit rescindir la concessió. El 30 de novembre de 2014 Escal UGS, si el magatzem no està en marxa -cosa que no passarà-, ha de tornar la part principal dels 1.400 milions d'euros en bons que va emetre el BEI (Banc Europeu d'Inversions). L'Estat, davant els informes dels tècnics (IGME i IGN) que relacionen directament les injeccions de gas amb els sismes, demana més temps per prendre la decisió, un temps que Escal i Florentino –la seva empresa, ACS, té el 66% d'Escal– no tenen. A més, el divendres passat l'agència de qualificació creditícia Fitch Ratings va rebaixar els bons del BEI del Castor a la categoria de grau d'especulació, o 'bo escombraries'.

2.-Què implica la renúncia de la concessió?

Florentino Pérez ja ha comunicat de manera formal la seva intenció de renunciar al Castor: primer ha demanat permís als que van comprar els bons del BEI, després a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i també al ministeri d'Indústria. Si Florentino fa aquest pas és perquè sap l'Estat li ha de pagar, com a mínim, el valor residual de la instal·lació, amb la qual podrà retornar la inversió als bonistes.

3.-Per què l'Estat ha de recompensar Florentino Pérez pel Castor si és ell qui hi renuncia?

Perquè així ho diu el Reial Decret 855/2008 amb el què el govern espanyol del PSOE concedia a Escal UGS l'explotació del magatzem de gas Castor. Aquest ha sigut l'as a la màniga amb el qual Florentino ha negociat sempre amb el govern del PP, que mai ha vist clara la inversió. El 2012 Florentino ja va amenaçar de fer el que ha fet ara, i el PP va fer un pas enrere en el pols que mantenien, com explica Jordi Marsal en el seu llibre 'Castor: la bombolla sísmica'. Això va ser abans dels sismes. El Reial Decret diu que, en cas de rescissió de la concessió, per part de l'Estat o de l'empresa, Escal "té dret al cobrament del valor net comptable de la mateixa excepte en cas que s'acredités dol o negligència, en aquest cas el dret serà al cobrament del valor residual".

4.-Quants diners haurà de pagar l'Estat a Florentino Pérez? Ho notarà el ciutadà?


Depèn de si es demostra que l'empresa ha comès algun tipus de negligència que provoqués els sismes, que va obligar l'Estat a aturar el funcionament de la planta. La promotora reclama fins a 1.600 milions pels costos operatius, és a dir, els 1.400 milions de la inversió més mig milió d'euros mensuals pel manteniment de la planta pels mesos que du aturada. Segons explica 'Cinco Días', "en algun document públic Indústria reconeix que la inversió fallida la sufragarien els consumidors a través de la factura del gas".

5.-Es pot oposar l'Estat a pagar aquests diners a Florentino Pérez?

Quan el PP va arribar al govern espanyol el 2011, ja no veia clara la necessitat d'una inversió com la del Castor, ni com s'havia negociat el projecte entre ACS i el govern del PSOE. Fins i tot el 17 d'abril del 2012 –molt abans dels terratrèmols– va presentar un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Suprem per anul·lar l'últim paràgraf de l'article 14 del reial decret 855/2008, on l'Estat es comprometia a indemnitzar Escal UGS, fins i tot en cas de "dol o negligència". El Suprem, però, va desestimar el recurs perquè considera que no hi ha motius perquè la instal·lació passi a mans de l'Estat, en cas de rescissió, de manera gratuïta. Davant aquesta resposta, el govern el PP intentarà minimitzar la recompensa, però no podrà evitar-la, tal com admetia aquest dimecres el ministre Soria.

Contingut relacionat:
-.-

31 de jul. 2013

El sol ja no és gratis


Sense aire, et mors en pocs minuts. Sense aigua, en un parell de dies; sense menjar pots durar un mes i mig, a tot estirar. Sense la llum del sol, sense la seva escalfor, el món esdevindria un lloc erm en molt poc temps

Imprescindibles per a la vida: L'aire, l'aigua, el menjar, el sol... Imprescindibles. Però l'aigua i el menjar es paguen. El sistema en que vivim, en teoria, garanteix que tothom pot accedir a l'aigua i el menjar. En la pràctica, però, hi ha qui es mor de gana. En la pràctica hi ha qui menja i beu perquè funciona la caritat, que és una forma de repartiment que, de fet, no pertany al sistema.

I l'aire? De moment l'aire encara és "gratis". Tot i tractar-se del recurs més urgent per a la vida. Per ara, i que duri, un pot omplir els pulmons a cor que vols i respirar fins emborratxar-se d'oxigen... o de contaminació, depenent del lloc.

I el sol? també el sol encara és "gratis", si t'estires a la platja a bronzejar-te, o a deixar-te escalfar pels seus raigs. No a tot arreu és gratis, que hi han platges privades on l'aigua, l'aire i el sol "pertanyen" a algú; ni sempre és possible, que passejar-se en pilotes pels jardins i carrers de Barcelona està prohibit.

El sol és, de forma directa o indirecta, la font primària d'energia que fem servir. Els combustibles fòssils es poden veure com magatzems d'energia solar: vida que va prosperar fa milions d'anys capturant CO2 gràcies al sol, emmagatzemant-se als enllaços covalents del carboni de les molècules dels organismes vius, primer, que han esdevingut carbó i petroli mitjançant un procés geològic, després.

L'alliberament de l'energia del sol emmagatzemada als combustibles fòssils té el problema greu del retorn del CO2 a l'atmosfera.

L'energia del sol també s'ha fet servir directament al llarg de la història. Amb la notable excepció de la fotovoltaica, les energies renovables no deixen de ser sofisticacions tecnològiques, o nous enfocaments, d'antics processos de captació i aprofitament de l'energia solar.

La fotovoltaica, però, és diferent. Certs materials semiconductors són capaços de transformar la radiació solar directament a electricitat. No és ràpid, ni net, construir plaques fotovoltaiques i cal un temps de funcionament fins que s'obté el retorn energètic (és dir, que proporcionen més energia que la que cal per construir-les).

L'energia fotovoltaica forma part del "mix" de renovables que ha de donar resposta a la creixent escassedat del petroli.

Durant anys, però, la fotovoltaica ha estat subjecte a un tracte econòmic per part del govern de l'estat que ha propiciat la proliferació de centrals fotovoltaiques que enlloc d'estar dissenyades amb criteris de retorn energètic, ho han estat seguint un criteri financer. És dir, per obtenir un benefici econòmic de les subvencions de l'estat. Es pot parlar d'una bombolla de les renovables. La crisi també ha fet esclatar aquesta bombolla.

Obro parèntesi: Durant anys l'estat ha tractat -primer el PSOE, després el PP, el PPSOE, en definitiva- de crear per decret "sectors" industrials: renovables, trens d'alta velocitat... no se sap si a cavall o conjuntament amb la bombolla immobiliària i la bombolla financera. El resultat, en tots els casos ha estat un fracàs dramàtic, o tràgic.

La meva opinió és que s'han volgut fer molts diners i molt de pressa; que no s'ha volgut trepitjar ulls de poll a les energètiques; que no s'han entès aquestes tecnologies ni la seva utilitat... Nens egoistes i ambiciosos jugant amb màquines que no comprenen? o potser corruptes i favors a amics? Manca de visió o corrupció a gran escala? En tot cas, un error fonamental: no es pot crear un sector industrial per decret. Cal gent preparada i cal que l'ecosistema econòmic estigui preparat per al nou actor. La millor inversió sempre, sempre, és l'educació. La formació. La formació de veritat, no la que pretén "españolizar". Tanco parèntesi

Tot aquest discurs ve perquè el "gobierno" ha decidit punxar definitivament la bombolla de les renovables i això, en si, no seria dolent, si no fos que, com de costum, ho fa malament: es posarà una taxa sobre l'auto-consum [1] [2] i [3].

És dir, en comptes d'anar cap al balanç net zero per a l'autoconsum energètic, es fa el joc a les empreses energètiques i el sol deixarà de ser gratis per als productors d'energia solar.

Com en tantes altres ocasions, l'estat actua en contra dels interessos de la gent.

La cooperativa Som Energia ha emès el següent comunicat, del que en reprodueixo a continuació aquest text:

"Finalment podré posar-me unes plaques per generar part de la meva energia?

Tot el contrari! Les mesures que pren el Govern en relació a l'autoconsum van totalment encaminades a endarrerir la "revolució" energètica ciutadana que s'està produint a favor d'un model descentralitzat de generació molt més democràtic.

A banda de l'augment de la part fixa de la factura elèctrica (comentada en el primer punt) cal afegir-hi altres mesures, com cobrar un peatge per l'energia produïda que no ha sortit a la xarxa i la no regulació d'un Balanç Net. Regulació que és necessària per facilitar petites instal·lacions domèstiques. Sí han creat un registre per a les instal•lacions d'autoconsum amb l'únic propòsit d'establir un major control, acompanyat de grans sancions econòmiques per qui no hagi legalitzat la seva instal•ació d'autoconsum (fins a multes de 30M€!!! una desproporció absoluta)."

Que es pot fer? primer de tot, cal reconèixer que hi ha un problema d'escassedat energètica i de recursos naturals. Segon, cal començar amb petits canvis.

He trobat aquest vídeo del Latituds de TV3. Parla de Decreixement, d'economia ecològica, de cooperatives de consum, de transició i de resiliència. Totes aquestes són idees, actituds i formes de fer que penso que, com a mínim, hauríem de tenir en compte.

Vet aquí el vídeo:


Penso que el moviment pel Decreixement hauria d'evitar que se'l pugui confondre amb una forma de "madmaxisme". Em quedo amb la idea dels petits canvis: e la necessitat d'incorporar a la nostra forma de vida els principis de sostenibilitat i de reducció del consum d'energia i recursos naturals.

Hi haurà gent més conscienciada que estaran en la punta de llança de la transició (mireu http://www.transitionnetwork.org/). D'altres potser faran un gran pas si per exemple, canvien el transport privat pel públic. Es tracta de que la majoria faci petits canvis. Els petits canvis són poderosos, que deia el Capità Enciam.

És molt més que un canvi d'hàbits encara que aquesta sigui la forma com s'executa el canvi: és una opció política en ella mateixa, és un empoderament ciutadà i recuperar autonomia i control sobre la pròpia vida. Pensa-hi. No és només apagar el llum de l'habitació quan surts.

Font: El blog d'Albert Baranguer

Información relacionada:


El sol ya no es gratis

-.-

16 de jul. 2013

Producir la electricidad cuesta una cuarta parte de lo que pagamos

El recibo de la luz se ha encarecido un 8% con Rajoy. Vuelve a subir por la nueva reforma eléctrica del Gobierno. 
El precio de la electricidad no ha dejado de subir en los últimos años.- EFE
Vicente Clavero
Público 16/07/2013

De cada euro que los españoles pagamos por el recibo de la luz, apenas veinticinco céntimos corresponden al coste de generar la electricidad necesaria para el suministro. El resto es imputable a conceptos como el transporte, la distribución, la gestión comercial y los gravámenes que el Estado impone, cuyo peso sobre el total ronda el 50%. Uno de los elementos más perturbadores en los últimos años ha sido el llamado déficit de tarifa, que permite moderar la subida de los precios con criterios políticos, a cambio de encarecer la factura en el futuro. El déficit de tarifa, creado cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico, acumula ya 26.000 millones de euros y representa casi una décima parte del importe del recibo de la luz.

Reforma eléctrica

Para evitar que continuara creciendo, el Gobierno de Rajoy adoptó el año pasado una serie decisiones presupuestarias y fiscales, completadas en el último Consejo de Ministros con una reforma eléctrica que no ha contentado a nadie. En virtud de ella, el déficit de tarifa previsto para 2013 se va a reducir en 4.500 millones, que se suman a los 6.000 derivados de las medidas puestas en marcha en 2012. De esos 4.500 millones, 1.800 los vamos a pagar entre todos, ya sea en calidad de consumidores (900) como de contribuyentes (otros 900), y los 2.700 restantes correrán por cuenta de las compañías productoras, que verán reducida la retribución por sus redes de transporte y distribución y las primas a las renovables. 

La modificación del régimen regulador de esas primas es uno de los elementos más controvertidos de la reforma, porque va a frenar la implantación de algunas energías alternativas y supone un quebranto para quienes invirtieron en ellas al calor de las fuertes subvenciones establecidas. Pero, según fuentes del sector, la situación actual es insostenible por el espectacular crecimiento que las renovables han tenido en nuestro país, pues no en vano hoy aportan 4.000 megavatios de potencia al sistema, cuando la previsión inicial eran 400. Las mismas fuentes atribuyen ese sobredimensionamiento a una legislación demasiado flexible y a la falta de controles suficientes para evitar el fraude, muy concentrado en las fotovoltáicas.

Pagan los consumidores

Las primas representan alrededor del 20% del recibo de la luz y se ha reclamado reiteradamente a los gobiernos que sean sufragadas a través de los Presupuestos, pues responden a una decisión política, independiente de la voluntad de los consumidores. Ni Zapatero en su momento ni Rajoy desde que llegó a La Moncloa han aceptado esa posibilidad, amparándose en el perjudicial impacto que tendría sobre el déficit público. Rajoy, en concreto, ha preferido cortar por lo sano y limitar las primas, a sabiendas de que podría meter al Estado español en una espiral de demandas, dado que los damnificados pueden alegar que así se vulneran los derechos que contrajeron al realizar sus inversiones.

Si a las compañías productoras no les ha gustado la reforma, y su evolución en Bolsa durante los últimos días es la mejor prueba de ello, tampoco los consumidores pueden estar satisfechos, toda vez que conlleva un aumento del precio de la electricidad del 3,2%, el segundo en lo que va de año. Desde que gobierna el PP, el recibo de la luz ha subido un 8%, lo que sitúa a España entre los países más caros de la Unión Europea, sólo precedido por Irlanda y Chipre, lo que no sólo supone un agravio para los ciudadanos, sino también un importante obstáculo para la competitividad, porque la energía es uno de los principales costes a los que deben hacer frente la inmensa mayoría de las empresas.

Noticias relacionadas
-.-

30 de juny 2013

Les elèctriques ens roben!

Font: Del bloc d'en Joan Olòriz. 

Un diputat al parlament espanyol em comenta una noticia que curiosament no ha tingut cap ressò comunicatiu, l’estat destinarà uns 7.504 milions d’Euros a les empreses elèctriques sota un concepte,  si més no curiós, denominat “pagaments per capacitat”, en els propers deu anys. El 2012 ja abonaren 842 milions, repartits en 191 per disponibilitat i 651 com incentiu per inversions.


Aquest anomenats “pagaments per capacitat” retribueixen la possibilitat de produir energia i van destinats a les plantes de cogeneració construïdes per les grans elèctriques en el període 2002-2011 i que si funcionessin, que no ho fan, podrien injectar 27.026 MW de potencia  ala xarxa. Una mala planificació i la caiguda de la demanda per la crisi les ha deixat sense viabilitat, per tant els ciutadans hem de rescatar-les via pressupostos de l’estat!

No és el primer cop que les grans empreses del sector energètic cometen errors de planificació que encara paguem tots mitjançant els nostres impostos, com els costos de l’anomenada moratòria nuclear. Amb aquets nom emmascara una faraònica inversió a finals del franquisme absolutament inviable econòmicament.  Fins al 2020 estarem pagant aquets factura, en total 4.383 milions!

Estem davant d’una més de les astracanades d’aquest teatre on política i negocis son els grans protagonistes, les grans fortunes i empreses que durant el franquisme es consolidaren i els partits de la transició han mantingut i han fet créixer com un entramat de saqueig dels pressupostos públics ben amanit de corrupció.

Fa temps que no se sent a ningú dels favorables a la MAT, ni s’han produït els talls apocalíptics de llum a la costa brava per no completar-se, però no ho dubteu s’acabarà fent malgrat no sigui necessària, per que quin negoci més rodó cobrar per no produir. Quina empresa del món, més enllà del nostre país, cobra de l’estat per no produir res, solament per la possibilitat de que ho pugui fer?

Informació relacionada:Las Cinco Grandes Eléctricas han cobrado 3.400 millones de euros de más a sus Clientes.

-.- 

27 de febr. 2013

La MAT que ens ve d'Escatrón

Informació que us pot ser interessant.

Què és una MAT? 

Una línia elèctrica de Molt Alta Tensió. De 300 kV fins a 800 kV.

Conegudes coloquialment com "Les Autopistes de la electricitat". Aquí en trobareu un breu resum (Viquipèdia).

D'on ens la porten?

Escatrón. Municipi d'Aragó situat a la província de Saragossa i enquadrat a la comarcar del Ribera Baixa de l'Ebre.

La Central tèrmica d'Escatrón, és una central termoelèctrica de cicle combinat situada al terme municipal d'Escatrón, Saragossa, a Espanya. El seu combustible és el gas natural. Compta amb una potència instal·lada de 804 MWe. És propietat de l'empresa privada E.ON. 

Central tèrmica d'Escatrón
 Rafael Nuñez Lascano / Viquipèdia
El grup de cicle combinat és l'única que queda després d'haver tingut altres grups que cremaven el carbó de les mines de lignit Terol. Es proveïa principalment del carbó extret a Andorra, i també del de Mequinensa.


Aquesta empresa disposa actualment de la Central tèrmica de Tarragona. És una central termoelèctrica també de cicle combinat situada al terme municipal de La Canonja. El seu combustible també és el gas natural. Compta amb una potència instal·lada de 400 MWe. Des de la seva construcció la central pertanyia a Endesa, però al juny de 2008 E.ON comprà les centrals de Los Barrios i Tarragona per 769 milions d'Euros.

Qui projecta aquesta línia Escatrón-Els Aubals-La Selva-La Secuita?

"Red Eléctrica Española pretén construir una nova línia de molt alta tensió (MAT) entre les poblacions d’Escatrón i La Secuita, passant per diversos termes municipals de les nostres comarques: Caseres, Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Ascó, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Garcia a les terres de l’Ebre; el Masroig, Falset, Pradell de La Teixeta al Priorat; i Duesaigües, Riudecols, Alforja, L’Aleixar, Almoster, La Selva del Camp, Alcover, El Rourell, Vallmoll, La Secuita, Els Garidells, Perafort i Vilallonga del Camp al Camp de Tarragona. Els motius que presenten en el document inicial de projecte són les sobrecàrregues d’energia que hi ha a les línies actuals de les nostres comarques, i la possibilitat d’evacuar en el futur l’energia de noves centrals de producció. Aquest projecte fa dies que va en marxa i a dia d’avui hi ha hagut silenci i opacitat".

"Aquesta nova infraestructura que es pretenen construir no respon en absolut a una necessitat real de la població, i en el context energètic actual i en escenaris futurs és totalment desproporcionada. Fins avui hem tingut un model energètic basat en el creixement del consum, que alguns pretenien infinit, i la concentració d’infraestructures energètiques a les comarques del sud de Catalunya (recordem que el 75 % de l’electricitat catalana s’està produint a la província de Tarragona, segons dades de 2010-2011 de REE, Eoliccat i Ministerio de Industria i en consumim un 3%)".

L'empresa amb un 80% de capital privat i amb 20% de capital públic  Red Electrica de España (BMAD: REE), és una empresa espanyola dedicada al transport d'energia elèctrica. No realitza distribució d'energia elèctrica. És propietària del 100% de la xarxa de transport d'alta tensió perquè en els últims anys ha adquirit nous actius de la xarxa transport a altres empreses. També és l'operador del sistema elèctric espanyol.

Pàgina oficial de l'empresa Red Electrica de España:
http://www.ree.es



President del Consell ds'Administració: 

José Folgado Blanco polític en excedència (PP), qui substituí a l'exministre, Luis María Atienza Serna (PSOE / PSE-EE). Ex-ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya 1994-1996.
Encapçala la llista "mayores defraudadores españoles" segons New York Times, junt amb Emilio Botín i la seva família, José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja, són alguns dels 569 espanyols que dipositaven els seus diners en a Suïssa sense que aquest fos declarat a Espanya.

Luis Atienza i José Folgado fan el relleu. Març de 2012. | Efe
Fa poc més d'una any va plegar Atienza, aquí la noticia: Red Electrica de España va indemnitzar amb 2,3 milions d'euros al seu expresident Luis Atienza
Entre els diferents il·lustres consellers n'hi figura algun de ben conegut, com són Miguel Boyer Salvador (PSOE). Exministre d'Economia i Hisenda espanyol del 1982-1985, en el primer govern de Felipe González Márquez. O Ignacio López del Hierro Bravo (PP) Conegut entre altres coses per ser el marit de María Dolores de Cospedal.

-.-