Vertido de gasoil durante la carga de un buque en el pantalán de Asesa

La cantidad de producto derramado fue de unos 20 litros, según la empresa. Inicialmente se habló de un centenar 

Se colocaron 300 metros de barrera de contención alrededor del barco.
Foto: Lluís Milián

Àngel Juanpere
Diari de Tarragona 25/11/2014

Segundo vertido en diez días en el puerto de Tarragona. Si el pasado día 16 se derramaron 100 kilos de aceite de palma, ayer se produjo un nuevo episodio, en este caso en el pantalán de Asfaltos Españoles SA (Asesa) durante la carga de un buque. Fuentes oficiales aseguraron que se vertieron al mar entre diez y veinte litros de gasoil, aunque inicialmente se hablaba de un centenar.

El incidente se produjo sobre las diez de la mañana en el buque de bandera de Malta Sichem Croisic, atracado en el pantalán de Asesa. Durante las labores de carga de 5.000 toneladas de gasoil, hubo un problema en una de las válvulas de seguridad del barco, que se activan por ejemplo ante una sobrepresión. Ello provocó el vertido del combustible sobre la cubierta y que posteriormente cayera al mar.

Asfaltos Españoles activó el Plan Interior Marítimo (PIM) en fase de alerta. Con la ayuda de tres remolcadores de Boteros y Amarradores se colocó una barrera de contención de unos 300 metros de largo alrededor del barco para confinar el producto.

Los propios remolcadores se dedicaron a dispersar con las hélices el gasoil vertido, ya que se trata de un producto altamente volátil. Unas labores que se prolongaron hasta poco antes de la una de la tarde, según informaron al Diari fuentes de la empresa. Las mismas subrayaron que a las 12.54 fue desactivado el PIM. Por su parte, Salvamento Marítimo siguió de cerca las labores de limpieza. Asimismo, recogió muestras del producto para analizar, cuyos resultados se incluirán en el caso de que se abra algún expediente sancionador por parte de la administración.

Las autoridades consideraron que no era necesario activar el Pla d’Emergència Interior (PEI) del Port ni tampoco el Pla d’Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines de Catalunya (Camcat), pero que sí se puso en prealerta.

El segundo episodio

Sobre las tres de la tarde del domingo 16 de noviembre se vertieron unos cien kilos de aceite de palma durante las labores de carga de un buque en el Moll de la Química del puerto de Tarragona. En este caso también se desplegaron las barreras de contención. Desde fuentes oficiales se dijo que en poco más de dos horas se habría recogido el producto. Sin embargo, al día siguiente continuaban las labores. El destino de las 6.000 toneladas de aceite que cargaba el buque Gennaro Ievoli era posiblemente la producción de biodiésel y su destino era Casablanca.

Fianza de hasta 25.000 euros  

Fuentes de Capitanía Marítima de Tarragona apuntaron al Diari que impondrán una fianza de entre 20.000 y 25.000 euros para hacer frente al pago ocasionado por las labores de limpieza de ayer (labores de limpieza y activación del Plan de Emergencia). El importe debe hacerse efectivo en la cuenta corriente del Ministerio de Hacienda. Hasta que no se deposite dicha cantidad, el barco no puede abandonar las dependencias portuarias. Ayer por la noche, el Sichem Croisic seguía atracado en el pantalán de Asesa. El buque-tanque, cuando tenga el permiso, partirá hacia el puerto de Huelva para descargas las 5.000 toneladas de gasoil con destino a la refinería La Rábida que la Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa) tiene en Palos de la Frontera (Huelva), según señalaron fuentes de Asesa al Diari. Dicha empresa sólo suministra productos a las dos compañías que son accionistas: Cepsa y Repsol.- J.CABRÉ

-.-

El Govern tiene 'un plan B' para BCN World por si Veremonte renuncia

El conseller Felip Puig asegura que hay otros operadores interesados en desarrollar el proyecto si la compañía de Bañuelos no adquiriera los terrenos

Imagen virtual del macrocomplejo de turismo y juego proyecto
en Salou y Vila-seca, junto a PortAventura.

Diari de Tarragona 25/11/2014

El conseller de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, aseguró ayer que BCN World será una realidad independientemente de los operadores que estén detrás. Afirmó que si Veremonte no ejecuta la compra de los terrenos sobre los que está previsto el macrocomplejo de ocio, turismo y juego –el plazo acaba el 6 de diciembre–, «hay operadores internacionales y del país que tienen interés en realizar esta oferta turística». «El Govern tiene un plan B», añadió en declaraciones al programa Els Matins de Catalunya Ràdio.

Puig considera, no obstante, que es «improbable» que Veremonte renuncie al proyecto, aunque si fuera así, su puesta en marcha estaría garantizada. Y se mostró convencido que el futuro macrocomplejo de Vila-seca y Salou «empezará a materializarse a lo largo del próximo año». Fuentes de Veremonte subrayan que la empresa de Enrique Bañuelos sigue adelante con sus planes y está a la espera de que de la Generalitat apruebe el plan director urbanístico para empezar la construcción de BCN World.

377 millones de euros

El plazo de compra de los terrenos, cuyo propietario es la sociedad Mediterránea Beach & Golf Community, finalizaba el pasado 6 de septiembre. Veremonte pactó con La Caixa prorrogarlo tres meses. Fuentes conocedoras de la negociación precisaron entonces que el precio pactado por estos terrenos es prácticamente el mismo negociado inicialmente, y que será ligeramente superior a los 377 millones de euros acordados.

Veremonte pidió esta prórroga para tener garantías suficientes de que el plan director urbanístico comenzaba a modificarse antes de adquirir estos terrenos. Fuentes de Veremonte aseguraron que en ningún caso responde a falta de financiación para asumir la compra de los terrenos.

El Govern ya ha iniciado la tramitación del plan director urbanístico. Pretende tenerlo listo en julio para que las obras puedan comenzar el próximo otoño. Asimismo prevé hacer pública la resolución de la primera fase del concurso de casinos antes del 30 de noviembre. La Generalitat admitió en agosto cuatro de las cinco solicitudes de licencia de casino que ha recibido para operar en BCN World: Grupo Peralada, Melco, la sociedad participada por Hard Rock y Veremonte y otra integrada por Melco y Veremonte.

-.-

Soria defiende el alargamiento de la vida de las centrales nucleares

El ministro de Industria cree que España "no puede permitirse el lujo" de prescindir de esta fuente de energía ni renunciar a la exploración de hidrocarburos.

Destaca además la apuesta del Gobierno por la reindustrialización del país porque "o hay más industria, o no habrá más empleo".

José Manuel Soria. / Luca Piergiovanni (Efe)

Jorge Murcia

El Comercio 25/11/2014

José Manuel Soria cree que España "no puede permitirse el lujo" de prescindir de la energía nuclear, por lo que se muestra partidario de alargar la vida útil de las centrales que utilizan este tipo de tecnología para generar electricidad. "Es una cuestión de sentido común", ha señalado el ministro de Industria, Energía y Turismo en el discurso de cierre de la jornada 'Reindustrializar España' organizada por 'El Economista' en colaboración con KPMG. 

El pasado día 12, Soria ya afirmó en el Congreso que el Gobierno "tiene todo dispuesto" para que las centrales nucleares españolas puedan funcionar más allá de los 40 años, una edad a la que hasta ahora sólo ha llegado la de Santa María de Garoña (Burgos). Las otras siete comenzarán a cumplirlos a partir de 2020. Semanas antes, Endesa había manifestado su intención de solicitar el alargamiento del periodo de funcionamiento las centrales en las que participa o es directamente propietaria (siete de los ocho grupos operativos en España). 

A juicio de Soria, la apuesta por la energía nuclear es "compatible con un mix energético en el que también tengan cabida las renovables", aunque "a un coste que sea sostenible". El titular de Industria ha recordado el hecho de que España importa "prácticamente el 100%" de los hidrocarburos que consume para insistir en su discurso a favor de las prospecciones en Canarias. 

"Hay que impulsar sondeos que permitan saber si se dispone de recursos naturales. Eso por sí mismo ya otorga una cierta fortaleza en términos geopolíticos", ha asegurado el ministro en su discurso. Después, en declaraciones a los periodistas, Soria ha calificado de "meramente táctica, política e incluso de política muy localista, incluso parroquial" la posición del Gobierno de Canarias respecto a la búsqueda de petróleo en sus costas. 

-.-

Soria justifica la indemnització de Castor

Diari de Tarragona 25/11/2014

El ministre d'Indústria, José Manuel Soria, ha justificat aquest dimarts que els consumidors hagin d'abonar a les seves factures del gas dels pròxims 30 anys els 1.350 milions d'euros d'indmnització a l'empresa de Florentino Pérez pel projecte Castor. Segons Soria, a l'Estat els consumidors assumeixen a través de les seves factures totes les infraestructures del sistema de gas i electricitat, i per aquest motiu ho han de fer també respecte a aquesta. Ha respost d'aquesta manera una pregunta del senador de CiU, Ferran Bel, que li ha recordat que els consumidors no tenen perquè pagar la "negligència" de l'administració i de l'empresa responsable.

Bel ha demanat al ministre que expliqui de manera "clara" als ciutadans perquè han de ser "els pagans" d'aquesta operació, per la què hauran d'assumir durant 30 anys un cost de 1.350 milions d'euros més el cost del finançament, el manteniment de la instal·lació i el seu eventual desmantellament.

"La ciutadania no entén perquè ha de pagar un con junt de negligències que corresponen a l'administració i l'empresa" per un projecte que ja havien nascut amb el rebuig de part de l'àmbit científic", i perquè "al final no ho fan Florentino Pérez i els seus socis", ha dit.

El ministre, per la seva banda, ha afirmat que els ciutadans s'estalviaran 110 milions d'euros anuals gràcies a la "hivernació" del Castor, perquè si estigués en marxa haurien d'assumir una quantitat equivalent al doble del que pagaran ara, 112 milions d'euros l'any.

El ministre també ha retret a Bel que parli d'actitud "negligent" quan els tribunals encara no s'han pronunciar sobre aquest cas, i ha insistit que a l'Estat no hi ha cap infraestructura del sistema del gas o l'electricitat que no paguin els consumidors a través de les seves factures.

-.-

La PDE presenta una queixa pel pla de conca a la Comissió Europea

El moviment social denuncia els perjudicis mediambientals que suposa el pla per al tram final de l'Ebre i demana una reducció dels nous regadius i embassaments previstos

Membres de la PDE, ahir, presentant la queixa a l?oficina de la Comissió
a Barcelona. Foto: ACN

M.Millan 

Diari de Tarragona 20/11/2014

Representants de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) es van desplaçar ahir a Barcelona per lliurar la queixa sobre el pla hidrològic de la conca de l’Ebre a l’oficina que la Comissió Europea té a la capital catalana.

L’objectiu, segons detallà el portaveu del moviment, Manolo Tomàs, és denunciar que el pla hidrològic de l’Ebre incompleix diferents normatives europees i tindrà efectes greus sobre el delta de l’Ebre, una zona protegida en l’àmbit internacional. Així, reclamen a la Comissió que actuï perquè l’Estat espanyol modifiqui el pla.

El document s’ha estat elaborant per part de tècnics i científics des d’abans de l’estiu. La PDE va esperar que el pla fos debatut tècnicament entre la Unió Europea i el govern de Madrid, un procés que va tenir lloc la setmana passada.

A més, la PDE esperava també poder lliurar els documents de suport que va demanar a la Generalitat, que havia d’elaborar l’organisme que gestiona la Xarxa Natura 2000 a Catalunya, però això no ha estat possible i l’espera ha endarrerit tot el procés, comentà Tomàs.

Segons s’explicita a la queixa, el nou pla de conca vulnera la normativa marc d’aigües europea, «perquè l’anàlisi de l’estat de les masses d’aigua acaba a Tortosa i no té en compte el delta de l’Ebre». També demanen que s’investigui l’incompliment de diferents articles de les directives d’hàbitats i d’aus de la Unió Europea. Per últim, consideren que no hi ha cap justificació tècnica, econòmica i social per a la inclusió de 450.000 noves hectàrees de regadius i 40 nous embassaments en la planificació hidrològica de la conca de l’Ebre per als propers anys.

Al parer de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, aquestes noves infraestructures, de les quals el pla no explica els beneficis futurs que haurien d’aportar, comportaran greus perjudicis al delta de l’Ebre en dues vessants: reduiran l’aportació de cabals al tram final de l’Ebre i l’aigua portada estarà més contaminada i, per tant, serà d’una qualitat molt menor; fet que pot perjudicar l’equilibri ambiental del delta de l’Ebre.

La PDE espera que la Comissió atengui aquesta queixa i que la qüestió pugui arribar finalment al Tribunal de Luxemburg, on s’insti l’Estat a una modificació substancial del pla de conca.

Tots aquests aspectes s’analitzaran més a fons en una jornada tècnica que tindrà lloc el 2 de desembre a Tortosa, amb la col·laboració de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua.

Aquesta línia de lluita s’afegeix al front jurídic endegat en els propers mesos. Així, continua en tràmit el recurs contenciós administratiu presentat al Tribunal Suprem, el qual ha requerit documentació addicional a la PDE, així com les investigacions pels canals Xerta-Sénia i Segarra-Garrigues als jutjats de Tortosa i Lleida, respectivament.

• Molestos amb la Generalitat

Manolo Tomàs espera que la nova acció permeti a la llarga modificar els punts essencials del pla que afecten les Terres de l'Ebre: «excés de regadius, de nous embassaments i un cabal ecològic insuficient per al tram final del riu». En aquesta lluita la PDE esperava una major implicació de la Generalitat de Catalunya. «Estem molestos. Només hi ha hagut bones paraules però no el treball que requeríem», assegurà ahir el portaveu de la PDE. Aquest malestar fa referència a la demanda, no satisfeta per part del Govern, d'un document elaborat per l'ens responsable del pla de gestió dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000, en què s'explicités els perjudicis que el pla ocasionarà a un dels espais inclosos, el delta de l'Ebre. 

-.-

La Fiscalia investiga Indústria per perdonar 3.000 milions a elèctriques

Anticorrupción cita en secreto a altos cargos de Energía del PSOE por no reclamar dinero cobrado de más. La abogacía del Estado señaló el “enriquecimiento injusto”

• Cronología de una deuda multimillonaria
• DESCARGABLE Informe jurídico de la Abogacía del Estado

Torres eléctricas a la altura de San Fernando de Henares (Madrid). / Uly Martin

Manuel Altozano / Rafael Méndez Madrid  

El País 16/11/2014

La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a tomar declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en una investigación para aclarar si perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. La Fiscalía ha llamado a declarar en una investigación secreta a, como mínimo, tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energía, según fuentes conocedoras de la investigación. La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Las eléctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.

El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a ecologistas y consumidores, denunció en Anticorrupción la puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico. Un mes después amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más en los CTC.

Aunque la denuncia parecía dormir en un cajón, hace unos dos meses comenzaron a llegar citaciones a responsables de la época. Según fuentes conocedoras de la investigación, hace un mes declararon como testigos Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía, exjefe de gabinete del secretario general de Energía y ahora en PWC; José Ramón Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz. Lo hicieron ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, el mismo del caso Bankia, quien no ha querido comentar la noticia.

El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado eléctrico, el Gobierno del PP creó los CTC, un sistema de compensación a las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que les había obligado a hacer. El Ejecutivo se comprometía a abonarles una remuneración de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma, esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997 (8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo criticó mientras estuvo en la oposición.

El sistema funcionó más o menos  como estaba previsto hasta que, en 2005, con la subida del petróleo y del gas, aumentó el precio de mercado a más de 50 euros por megavatio. Eso implicó que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación.

Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre septiembre de 2006 y abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, explica que encargó el informe a la abogacía del Estado antes de pedir la devolución. "Se habían pasado de frenada y habían cobrado de más". Nieto no recuerda el cálculo exacto de cuánto estimaban que los consumidores habían pagado indebidamente, pero afirma que "era una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones". Otros cálculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones, según lo que se considere a restituir.

Nieto consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. La segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".

El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver.

El dictamen, de 26 páginas y que no se hizo público, señala que "junto con las liquidaciones anuales de las compensaciones debe existir una liquidación global y definitiva que permita determinar si las cantidades entregadas superan el máximo previsto legalmente, lo cual solo puede conocerse al final del periodo de vigencia". Añade que el plazo para reclamar esas cantidades era de cuatro años a partir de junio de 2006, cuando el decreto ley abolió los CTC. Así que Industria tenía hasta junio de 2010 para reclamar el dinero mediante una norma. Esta seguramente habría sido impugnada por las eléctricas y serían los tribunales quienes habrían dictado si el criterio de la Abogacía del Estado era válido o no.

Mes y medio después de recibir el informe de la abogacía del Estado, cambió el ministro. A Joan Clos le sustituyó Miguel Sebastián, que dice que desconoce el caso, y Pedro Marín fue nombrado secretario de Estado. Nunca se produjo la reclamación.

Marín afirma que no recuerda los detalles: "Era un tema complicado, que empezó en 1997. Hubo una discusión y se acordó que se dejara de pagar y nunca se hicieron unas cuentas consolidadas, que era muy difícil", explica desde Londres, donde trabaja. "Lo poco que recuerdo es que era extraordinariamente complejo", concluye. Marín afirma que no ha recibido citación del fiscal.

Fuentes de Industria afirman que con el cambio de Gobierno nunca se planteó reclamar ese dinero. Añaden que era un tema muy complejo y que el informe de la abogacía fue muy discutido jurídicamente, por lo que no auguran recorrido a la investigación.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) recordó en informes que no se había producido la liquidación definitiva. Según publicó Cinco Días en 2008, la CNE elevaba lo cobrado de más a 3.393 millones repartidos así: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Mientras, Elcogás cobró de menos 191 millones.

Este diario intentó ayer sin éxito obtener la versión de la patronal, Unesa. Esta tradicionalmente ha negado esos cálculos. Las eléctricas encargaron decenas de informes que justificaban que las liquidaciones eran correctas y que la cifra realmente cobrada por los CTC ha sido de solo 1.147 millones de euros, muy por debajo de lo previsto inicialmente en la ley.

Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que "Industria debió liquidar los CTC, pedir la devolución de los 3.400 millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de consumidores".

En julio de 2010, el Ejecutivo buscó fórmulas para recortar la factura eléctrica pero el derecho a reclamar los CTC ya había prescrito.

investigacion@elpais.es

Cronología de una deuda multimillonaria

• 27 de noviembre de 1997. Con la liberalización del mercado eléctrico, el ministro de Industria, Josep Piqué, crea los Costes de Transición a la Competencia (CTC) para compensar las inversiones que el Gobierno obligó a acometer a las eléctricas mientras el sector estuvo regulado. Estos costes, que se pagaban en la factura de la luz “como costes permanentes del sistema”, tienen por objeto devolver a esas empresas 8.600 millones de euros por el valor de esas inversiones.

• 23 de junio de 2006. El Gobierno socialista suprime los CTC al considerar que ese mecanismo se ha convertido en ineficiente “porque genera distorsiones en los precios de mercado”, “porque han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron” y también por el “alto grado de amortización de las instalaciones” cuyo coste trataban de compensar.

• 13 de marzo de 2008. La abogacía del Estado establece en un informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía que las eléctricas cobraron de más a través de los CTC y considera ese exceso un “enriquecimiento injusto” que el Estado puede reclamar a estas empresas. El informe asegura que el Gobierno tiene de plazo hasta 2010 —cuatro años desde que entrara en vigor la ley de 2006 que los suprimió— para reclamar esas cantidades abonadas de forma indebida.

• 25 de junio de 2010. Caduca el derecho a reclamar a las eléctricas los cobros ilegítimos, según los plazos establecidos por el informe de la abogacía del Estado. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha exigido a esas empresas los pagos indebidos.

• 3 de julio de 2013. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia a la cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y malversación por haber permitido la prescripción de una deuda de 3.396 millones.

-.-

Repsol vol ampliar l’extracció d’hidrocarburs a dos espais protegits

El Ministeri d’Agricultura desestima les al·legacions d’Ecologistes en Acció i la multinacional només necessita el permís definitiu del Ministeri d’Indústria per iniciar noves prospeccions petrolíferes.

La plataforma Casablanca, ubicada a 52 quilòmetres de la ciutat de Tarragona

David Bou
Directa 16/11/2014

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar, el 23 d’octubre, una resolució del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient on s’aprova la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) favorable a les prospeccions de Repsol a la recerca de possibles reserves d’hidrocarburs davant del delta de l’Ebre. Superat aquest escull, només manca el permís del Ministeri d’Indústria perquè la totpoderosa multinacional tiri endavant el projecte anomenat Treballs de sísmica 3D a Casablanca. L’objectiu del pla és “l’obtenció d’un nou registre que permeti millorar la imatge sísmica del subsòl a l’àrea de la concessió de Casablanca i els voltants”, tasca que la companyia abordaria amb la utilització d’un mètode basat en l’ús d’ones ultrasonores.

En concret, les actuacions previstes es desenvoluparien en una àrea rectangular de 732 quilòmetres quadrats situada a divuit quilòmetres de la costa de Tarragona, amb una profunditat d’entre 2.400 i 3.000 metres. Ecologistes en Acció denuncia que es tracta d’una àrea que afecta dos espais protegits, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural de les Illes Columbretes, ambdós pertanyents a la Xarxa Natura 2000. L’entitat assegura que aquestes zones “podrien veure’s greument perjudicades per l’activitat petroliera”.

Repsol és present sobre el terreny des de l’any 1981 i explota sis pous a la zona. La joia de la seva infraestructura és la plataforma Casablanca, situada a 52 quilòmetres de Tarragona. Per ella, passen aproximadament 2.000 barrils de cru diaris procedents del jaciment que porta el mateix nom, i també de quatre pous més: Rodaballo, Boquerón, Barracuda i Chipirón. Aquest complex està format per la plataforma fixa, els pous submarins i l’oleoducte que trasllada el cru des del mar fins al terminal marítim de Repsol, anomenat el Pantalà, que ocupa gairebé 9.000 m2 de superfície i serveix per traslladar el cru a terra ferma i, posteriorment, distribuir-lo fins al complex petroquímic de Repsol al Camp. El Pantalà disposa de cinc fronts d’atracament per a la descàrrega de vaixells de fins a cent-mil tones, a més d’una monoboia a tres quilòmetres de la costa, on els grans petroliers poden descarregar el seu contingut. Ara fa dos anys, es van obrir dos pous nous: Lubina i Montanazo, amb una producció diària de sis mil barrils, que eleven fins a vuit mil la xifra total de barrils de petroli que Repsol produeix diàriament a la demarcació de Tarragona.

Aquesta quantitat suposa un percentatge ínfim dels més de tres-cents mil barrils que la multinacional obté cada dia arreu del món. Segons els càlculs d’Ecologistes en Acció, el 99,8% del cru consumit a l’Estat espanyol és importat i les noves prospeccions que es derivarien d’aquests estudis sísmics tan sols disminuirien aquesta quantitat en un 0,6% aproximadament. A part d’esgrimir aquesta dada com a argument contra el projecte, l’ONG creu que la protecció de les àrees valuoses ambientalment ha de prevaldre davant els interessos econòmics de la petroliera. L’organització ecologista reclama als governs de Catalunya i del País Valencià que es mobilitzin per tal que Repsol no aconsegueixi el permís definitiu. El llarg historial d’abocaments i greuges ambientals provocats per la companyia a les costes catalanes augura un futur tan negre com el color del cru amb el qual es continua fent d’or.

*Article publicat al número 372 de l'edició en paper de la DIRECTA. T'hi pots subscriure aquí. 

-.-

Florentino ja ha cobrat. La constructora ACS ja ha cobrat els 1.350 milions d'indemnització per aturar Castor

La plataforma Castor. (Foto: ACN)

TVC - 13/11/2014

La indemnització de 1.350 milions d'euros a l'empresa constructora del magatzem de gas Castor ja ha estat pagada. Segons ha pogut saber TV3, la constructora ACS ha comunicat aquest dijous a la tarda a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que dimarts passat, dia 11, li van ser abonats els 1.350 milions per compensar l'obligació d'aturar l'activitat a la planta.

Els diners els han avançat un grup de bancs, però els pagaran els consumidors a través de les factures del gas els pròxims 30 anys. El termini per fer el pagament acabava aquest divendres, segons el decret aprovat pel consell de ministres en què també s'ordenava la hibernació de la planta situada davant de la costa d'Alcanar i Vinaròs.

La injecció de gas al magatzem va provocar centenars de petits terratrèmols que van alertar la població i que van acabar provocant-ne el tancament.

-.-

Florentino ja ha cobrat

Nació Digital.Cat 13/11/2014 - L'empresa ACS comunica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que els 1.350 milions de la indemnització pactada ja han estat abonats

Este dimarts passat, Florentino Pérez va cobrar els 1.350 milions que el Govern va aprovar concedir-li com a indemnització per renunciar a la concessió del magatzem de gas Castor. Tres dies abans que s’acabés el termini fixat pel reial decret aprovat fa poc més d’un mes per fer efectiva la indemnització, Escal UGS ja té els diners a la butxaca. Així ho ha informat avui l’empresa de Florentino, ACS, que és propietària del 66% d’Escal UGS, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La informació aportada per ACS avui en un informe de resultats, concretament en un apartat on informa de l’aprovació del reial decret i del seu contingut, exposa que “la compensació a Escal UGS per la inversió realitzada en el projecte (€ 1.350,7 milions) ha estat abonada el passat 11 de novembre”.

Justament avui diverses organitzacions de la societat civil (entre elles l'Aliança contra la pobresa energètica, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), han mostrat el seu rebuig davant el desenllaç del projecte d'emmagatzematge submarí de gas natural Castor. En un comunicat, les entitats signants urgixen als representants dels diferents grups polítics que duguen a terme una impugnació del RDL que contempla la indemnització davant el Tribunal Constitucional abans que acabe el plaç per presentar-lo, el 3 gener 2015.

De fet, el mateix dia que es feia el traspàs dels diners el Govern de la Generalitat acordava sol·licitar un dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries per analitzar la constitucionalitat del reial decret llei espanyol que fixava les condicions per indemnitzar l’empresa promotora. El govern entén que s’estan vulnerant “els drets i interessos dels usuaris del sistema gasista a Catalunya, afecta l’autonomia de la Generalitat i no fa un ús adequat de l’ordenament jurídic”.

-.-

06/11/2014 El síndic de greuges demana que es paralitzi la indemnització a l'empresa del Castor

05/10/2014 Denuncien que la indemnització pel magatzem Castor pot arribar als 3.500 milions d'euros

03/11/2014 El fiasco del Castor

-.-

El síndic de greuges demana que es paralitzi la indemnització a l'empresa del Castor

TVC - 06/11/2014

El síndic de greuges, Rafael Ribó, reclama que es paralitzi la indemnització a l'empresa constructora de la plataforma Castor, que segons el decret del govern espanyol s'ha de pagar abans del 14 de novembre. Amb aquest objectiu, Ribó ha traslladat al defensor del poble espanyol i a l'europeu l'informe amb un seguit d'irregularitats que ha trobat en la gestió de la planta, tant pel que fa a la falta d'informes ambientals com el menysteniment dels riscos sísmics. Afirma que el Tribunal Constitucional podria aturar-ho i que ja ha demostrat que, quan vol, és molt àgil.

Segons el síndic, el govern espanyol ha fet una "gestió fatal" del magatzem de gas, situat davant de les costes de l'Ebre i Castelló. En un informe que ha lliurat al Parlament, Ribó demana concretament que la defensora del poble, Soledad Becerril, presenti un recurs urgent davant del Tribunal Constitucional perquè aturi de manera cautelar la indemnització de 1.350 milions d'euros a l'empresa concessionària, a la Generalitat que defensi els drets dels consumidors catalans i del medi ambient, i a les institucions europees que investiguin si es pot haver vulnerat la lliure competència.

Al govern de l'Estat, Ribó l'acusa també d'actuar de forma precipitada i sense transparència. En concret, es recrimina que no es fes cas a diversos informes geològics del 2005 que desaconsellaven la instal·lació del magatzem, que es van subestimar o fins i tot ignorar els riscos sísmics i que no es van seguir les bones pràctiques recomanades en matèria de mineria i indústria gasista. Per això, es considera que hi ha responsabilitats ambientals, però també de reparació dels danys materials causats a les cases afectades pels terratrèmols. A més, afecta, diu, els consumidors pel fet que es carregui al rebut de gas durant els propers 30 anys l'import de la indemnització, de 1.350 milions, però que alguns càlculs situen el cost total en 3.500 milions.

-.-

Denuncien que la indemnització pel magatzem Castor pot arribar als 3.500 milions d'euros

 

TVC - 05/11/2014

La plataforma que defensa les terres de la Sénia creu que els consumidors acabaran pagant una indemnització molt més gran de la que ha previst el govern espanyol pel magatzem Castor.

Segons diuen, als 1.350 milions d'euros previstos s'hi acabaran sumant els interessos dels 30 anys, el gas matalàs o el desmantellament del Castor el dia que es produeixi.

Tot plegat pot arribar als 3.500 milions d'euros. Ho ha dit el portaveu de la plataforma, Evelio Montfort, aquest diumenge a "El suplement" de Catalunya Ràdio.

Montfort també creu que la indemnització a la concessionària del magatzem Castor la pagarà tothom: no solament els usuaris del gas, sinó també els de la llum.

"Tots consumim llum.
La llum ve d'una empresa que té una central de cicle combinat,
és a dir: gasta gas.
Tots els espanyols pagarem, tots"

Al portaveu de la plataforma li semblen bé les accions que vol emprendre el síndic de Greuges.

Rafael Ribó anunciava aquest dissabte que estudiarà impugnar la decisió del govern d'indemnitzar l'empresa Escal a càrrec de la butxaca dels consumidors. La Generalitat també es planteja impugnar-ho.

-.-

El fiasco del Castor

 

Valor afegit TV3 29/10/2014

El magatzem de gas construït davant la costa del delta de l'Ebre havia de comportar una gran millora per la infraestructura energètica espanyola. Però després d'invertir-hi més del triple del previst, el perill sísmic va donar el cop de gràcia al projecte Castor. Aquest dimecres abordem la història d'un fracàs que, de moment, només està previst que paguin els consumidors i els contribuents. 

-.-

Només un 11,5% dels llots tòxics extrets fins ara del pantà de Flix han requerit tractament de descontaminació

Gustau Moreno Pérez
La Marfanta 02/11/2014

FLIX (Ribera d'Ebre).- Fins a finals del mes d'octubre s'han retirat del pantà de Flix un 65% dels fangs contaminats per l'activitat de la planta electroquímica d'Ercros, uns 600.000 metres cúbics dels 960.000 totals. D'aquests, només un 11,5% s'han hagut de tractar abans de ser dipositats a l'abocador, menys del que es preveia en un inici. El procés, segons ha explicat la directora del projecte, Azahara Peralta, "avança en els terminis previstos", i es manté com a data d'acabament el final del 2015. Peralta també ha apuntat que cap a la primavera ja s'hauran extret tots els llots tòxics i que, en aquest punt, s'haurà de fer una campanya d'assajos per saber si la llera del riu està o no contaminada.

Del total dels sediments que s'han dragat fins ara, només un 11,5% han necessitat tractament per trobar-se contaminats per sobre de la normativa vigent, mentre que el projecte preveia una xifra d'entre un 15 i un 20%. Un fet del qual la directora s'ha mostrat satisfeta, tot i que ha alertat que des d'ara i fins al final de l'extracció pot ser que la xifra augmenti i acabi apropant-se més a la que es va marcar sobre el paper.

La directora també ha dit que cap a la primavera es podria haver enllestit la retirada de tots els llots, un moment en què caldrà comprovar si continua havent-hi contaminació a la llera del riu. "Si l'al·luvial està contaminat continuaríem dragant", ha assenyalat, mentre que "si no està contaminat, aturaríem el dragatge i finalitzaria el procés d'extracció".

El procés de descontaminació

Els treballs de neteja de l'embassament s'han dividit per lòbuls -grans masses de material acumulades al llarg dels prop de dos quilòmetres de riba on es concentren els col·lectors de la planta química-. Fins ara s'han extret tots els fangs del primer lòbul, el més proper a la presa. Es trobava situat davant de la planta de fosfats d'Ercros i contenia, principalment, residus de radionúclids. El segon, que ja s'ha retirat gairebé totalment, estava contaminat majoritàriament pel que s'anomena PCB, bifenil policlorat.

Per acabar l'extracció manca el tercer lòbul, fruit de l'activitat de la planta de tricloroetilè, en què el contaminant principal són organoclorats. Aquest lòbul té un nivell de contaminació més alt que la resta, i la principal preocupació de Peralta és que les plantes de tractament puguin treballar a ple rendiment, "sense solapar-se", per poder netejar aquests residus i dipositar els fangs, degudament, a l'abocador del Racó de la Pubilla, a quatre quilòmetres del municipi.

Quan acabi la neteja dels fangs començarà un període d'uns sis mesos en què es depurarà l'aigua del recinte, s'acabaran de traslladar els llots a l'abocador, se segellarà el Racó de la Pubilla i es desmantellaran les instal·lacions -situades en un espai de 3.000 metres quadrats vora el riu Ebre que la companyia Ercros ha cedit-. Tot plegat, per donar l'obra per acabada a finals del 2015.

Dirigida per Acuamed i executada per l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), l'obra té un cost total de 165 milions d'euros, cofinançats en un 70% per la Unió Europea. La finalització dels treballs abans del 2016 respon, precisament, a la possibilitat de perdre aquest finançament comunitari si no es compleix el termini. Es tracta d'una operació pionera en el món científic per l'elevada concentració i diversitat de contaminants en un sol espai. A més, l'obra s'executa mentre la fàbrica d'Ercros es manté en funcionament. Entre operaris i equip tècnic, dóna feina a més d'un centenar de persones.

-.-