El Estado asumirá la factura del fallido proyecto Castor liderado por ACS. Los votos de UPyD y PP en el Congreso han hecho posible que Florentino Pérez se libre de reclamaciones.
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| Florentino Pérez, presidente de ACS |
ElBoletin.com 26/06/2014
La huida de ACS del proyecto gasista Castor le saldrá gratis a la compañía que preside Florentino Pérez. El empresario se ha salido con la suya y gracias a los votos de PP y UPyD en la Comisión de Energía del Congreso, será el Estado quien corra con los gastos ocasionados por el abandono del depósito marítimo.
Las dos formaciones políticas han votado en contra de una proposición no de ley pactada entre ERC e ICV para que fueran ACS y sus socios de proyecto los que se hicieran cargo del desmantelamiento de la planta. Finalmente, la propuesta, que incluía también la suspensión de las prospecciones petrolíferas en aguas españolas del Mediterráneo, ha sido rechazada por 24 votos frente a 13 que sí apoyaban que el Gobierno invitase a Florentino Pérez a asumir la factura de su abandono.
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Sin ninguna abstención, el PP ha hecho valer su mayoría -reforzada por el apoyo de los miembros de UPyD en la Comisión parlamentaria- y el desmantelamiento del Castor seguirá la hoja de ruta pactada al comienzo de su puesta en marcha. Los miembros de la bancada socialista se decantaban por apoyar la proposición, si bien incluían una enmienda de adición para rechazar la calificación de ‘Países Catalanes’ que ERC daba a las regiones en las que el Ejecutivo pretende llevar a cabo sondeos en busca de petróleo.
En la sesión de este jueves de la Comisión de Energía, la diputada Laia Ortiz era la encargada de presentar la enmienda de adición por la que se llevaba al Congreso el asunto del proyecto Castor. En su alocución ha recordado que la empresa concesionaria Escal está participada al 67% por ACS, y ha recordado que aunque las solicitudes de la constructora son “pertinentes” el resultado es que “quien acaba pagando el pato es el medio ambiente y el conjunto de la sociedad”.
La plataforma Castor nunca ha llegado a entrar en funcionamiento a causa de los seísmos en la costa de Castellón que provocó la inyección de gas base en el depósito submarino. Razón por la cual la portavoz de ICV ha criticado que “el Gobierno se esconde en que aún está pendiente de los informes” cuando hay algunos que ya vinculan directamente los temblores con el proyecto gasista.
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ACS financió el proyecto a través de una emisión de bonos, en cuyas condiciones se recogía que si antes de noviembre de 2014 la instalación no había entrado en funcionamiento los bonistas podrían exigir la devolución completa de los 1.400 millones invertidos. Además, la agencia de calificación Fitch certificó que si la compañía de Florentino Pérez renunciaba a la concesión -como ha sucedido- sólo tendría que afrontar un pago parcial y el resto debería ser asumido por la indemnización contemplada en la concesión pública.
Hoy por hoy, la sociedad promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios. Una abultada partida que desde el Ministerio de Industria se baraja costear con cargas a la factura del gas de los consumidores.
Las dos formaciones políticas han votado en contra de una proposición no de ley pactada entre ERC e ICV para que fueran ACS y sus socios de proyecto los que se hicieran cargo del desmantelamiento de la planta. Finalmente, la propuesta, que incluía también la suspensión de las prospecciones petrolíferas en aguas españolas del Mediterráneo, ha sido rechazada por 24 votos frente a 13 que sí apoyaban que el Gobierno invitase a Florentino Pérez a asumir la factura de su abandono.
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Sin ninguna abstención, el PP ha hecho valer su mayoría -reforzada por el apoyo de los miembros de UPyD en la Comisión parlamentaria- y el desmantelamiento del Castor seguirá la hoja de ruta pactada al comienzo de su puesta en marcha. Los miembros de la bancada socialista se decantaban por apoyar la proposición, si bien incluían una enmienda de adición para rechazar la calificación de ‘Países Catalanes’ que ERC daba a las regiones en las que el Ejecutivo pretende llevar a cabo sondeos en busca de petróleo.
En la sesión de este jueves de la Comisión de Energía, la diputada Laia Ortiz era la encargada de presentar la enmienda de adición por la que se llevaba al Congreso el asunto del proyecto Castor. En su alocución ha recordado que la empresa concesionaria Escal está participada al 67% por ACS, y ha recordado que aunque las solicitudes de la constructora son “pertinentes” el resultado es que “quien acaba pagando el pato es el medio ambiente y el conjunto de la sociedad”.
La plataforma Castor nunca ha llegado a entrar en funcionamiento a causa de los seísmos en la costa de Castellón que provocó la inyección de gas base en el depósito submarino. Razón por la cual la portavoz de ICV ha criticado que “el Gobierno se esconde en que aún está pendiente de los informes” cuando hay algunos que ya vinculan directamente los temblores con el proyecto gasista.
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ACS financió el proyecto a través de una emisión de bonos, en cuyas condiciones se recogía que si antes de noviembre de 2014 la instalación no había entrado en funcionamiento los bonistas podrían exigir la devolución completa de los 1.400 millones invertidos. Además, la agencia de calificación Fitch certificó que si la compañía de Florentino Pérez renunciaba a la concesión -como ha sucedido- sólo tendría que afrontar un pago parcial y el resto debería ser asumido por la indemnización contemplada en la concesión pública.
Hoy por hoy, la sociedad promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios. Una abultada partida que desde el Ministerio de Industria se baraja costear con cargas a la factura del gas de los consumidores.
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